la autonomía es otra cosa

El intendente modelo Menéndez, el nazi Arroyo, el primo de Macri, Juanchi Zabaleta y Diego "FlyBondi" Valenzuela

“Queremos discutir autonomía municipal” dijo el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, en un show de Clarín montado en plena temporada marplatense: https://elmarplatense.com/2018/02/09/intendentes-analizaron-el-presente-del-gobierno-nacional-y-provincial/

“Los municipios eran en su momento el alumbrado, el barrido y la limpieza. Hoy tenemos políticas de género, seguridad, salud, educación. Tenemos que hacernos cargo de estas cosas y me parece que está bueno que se generen herramientas y tiene que ver con esos recursos que tenemos que acercas a los vecinos. Somos la primera trinchera, el primer mostrador de la democracia y eso merece que discutamos los recursos”.

El pedido de Juanchi, sin embargo, se parece más a pedir autarquía financiera, más que autonomía. La autonomía es otra cosa: es gobernarse a sí mismo. O sea, redactar una carta orgánica, la forma y tipo de gobierno, la materia sobre la cual el municipio legisla,cierta  protección contra presiones políticas de Provincia y Nación y además la autarquía financiera.

Pero estamos muy lejos de pretender una real autonomía, tanto por la desidia de los gobiernos locales como por la voracidad unitaria del gobierno provincial. De hecho, la Constitución Nacional, reformada en 1994, establece que “cada provincia dicta su propia constitución … asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.” Los sucesivos gobiernos desconocieron ese mandato, y sigue rigiendo en esa materia el decreto ley nº 6769 de 1958, firmado por un coronel, gobernador de facto de la Libertadora. Si bien se ha reformado en varias oportunidades, la administración municipal obedece a una legislación emitida por una dictadura.

Y a partir del neoliberalismo traído por otra dictadura, esta vez la de Videla, sucesivas normas recortaron funciones municipales y encorsetaron la posibilidad de implementar políticas locales al margen de las provinciales o nacionales.

El RAFAM, por ejemplo, es un sistema de información económica contable absolutamente inflexible, obligatorio para los municipios, creado en épocas de Ruckauf y que “recoge los postulados básicos que en la materia han sido desarrollados por el Estado Nacional desde el año 1992”, es decir, desde la gestión de Domingo Cavallo. Cualquier trasgresión es penada severamente por un organismo provincial.

La última medida en ese sentido es el llamado Pacto Fiscal, de fines de 2017, en el que la administración de María Eugenia Vidal amenaza dejar sin asistencia financiera a los municipios que no se sometan a una política de gastos o personal determinada. Determinada por el Banco Mundial.

Todos estos cepos que condicionan la autonomía local están restringiendo además la posibilidad de una democracia más real y participativa. El municipio (o mejor un consejo barrial) debería ser una zona de contacto donde el vecino se involucre con el gobierno, no una “trinchera” o un “mostrador” donde se enfrente contra el Estado.

La discusión debería ser cómo se desmonta esta estructura perversa.

O quizá, que los vecinos se replanteen su relación con el estado y comiencen a darse sus propias organizaciones, al estilo de las asambleas barriales de principios de siglo. Por cómo viene marchando el gobierno de Cambiemos y la parsimonia de la oposición que mira para otro lado, el clima del 2001 se hace cada día más palpable.